El control del urbanismo es clave en el desarrollo de las ciudades. Dentro de las actividades de control que se tienen que regular desde las concejalías de urbanismo de los diferentes ayuntamientos, están las licencias de actividades. Cuando una persona tiene la ilusión de la puesta en marcha de un nuevo negocio, desde la administración se trabaja conjuntamente con ella haciendo un acompañamiento en el proceso y se puede comprobar cómo estas personas aceptan las condiciones que se requieren desde la institución municipal y colaboran en su puesta en práctica.
Se trata de cumplir con requisitos básicos medioambientales, de salud, de seguridad, de accesibilidad universal, de protección de menores o de satisfacer los derechos de los consumidores. Se trata, en definitiva, de garantizar los derechos básicos de la ciudadanía que quiere acceder a ciertos servicios, y es muy gratificante comprobar el alto grado de compromiso de nuestro empresariado local en esa tarea. La nuestra, centrada en la vigilancia de las normativas no es una tarea fácil y, en muchas ocasiones, ni siquiera agradable.
Sin embargo, me asombra como algunos cargos públicos, plantean sin pudor cruzar los límites que separan el trato equitativo de un supuesto trato de favor a determinados negocios o sectores. Y me asombra más que quien llegue a hacer ese planteamiento aspire a dirigir esta ciudad a partir de mayo de 2023.
La responsabilidad de ostentar un cargo público nos obliga a anteponer el interés general al particular y ponerse del lado de quien se resiste a cumplir las obligaciones inherentes a sus negocios no es, precisamente, “favorecer el emprendimiento”. En esa frase, la derecha siempre encuentra el abejorro con el que distraer a la ciudadanía para terminar colando siempre los intereses de unos pocos por encima del común de los mortales.
Es muy grave presionar a la administración para favorecer a quienes eluden las normas y es irresponsable poner en duda la necesidad de controlar las condiciones higiénicas o de seguridad en el consumo de alimentos y bebidas. No hay nada que vulnere más las normas de la libre competencia que exonerar de cumplir con la normativa a las empresas en función de si nos conviene o no en cada momento. Y parece que es en eso en lo que anda la derecha local, en señalar quién y quién no tiene que cumplir unas normas que son universales.
¿Cuánto tardarían en exigir responsabilidades al Ayuntamiento si se produjera algún incidente en este tipo de negocios? Ante un problema de higiene alimentaria, de seguridad, de molestias por ruidos, de venta de alcohol a menores o de falta de accesibilidad, ¿de parte de quién se pondrían?
Desde luego, flaco servicio hacen al tejido empresarial ripense que se esfuerza cada día por mantener sus negocios abiertos, persiguiendo la satisfacción de sus clientes dentro del cumplimiento de la normativa, cuando se da cobertura a quien busca un trato diferenciado y ventajoso.
Con el cumplimiento de la norma en la mano, se debe seguir trabajando y colaborando con el tejido empresarial de Rivas para, juntos, seguir haciendo ciudad.
